Eduardo Manuel Escamilla Morales, el testigo
protegido de la PGR que ha ocasionado vergüenza tras vergüenza al gobierno de México
por proporcionar datos falsos que han resultado en la exoneración de 6 acusados
de delitos federales en el caso Casitas del Sur, es, en realidad, uno de los responsables
de la desaparición de 11 menores. Así lo indican documentos y evidencias que
personas afectadas por el ex-pastor de los llamados perfectos han difundido recientemente en medios de comunicación y
redes sociales.
Durante 2009, en declaraciones oficiales bajo
protesta de decir verdad ante la SIEDO y en una entrevista radial con la
periodista Carmen Aristegui, Escamilla Morales aseguró que la Iglesia Cristiana
Restaurada adoctrinaba a sus adeptos para retener menores del alberge Casitas
del Sur. No proporcionó evidencias fuera de su dicho. Paradójicamente, un video en YouTube fechado
en junio de 2009, con 45 mil vistas, muestra al testigo estrella de la PGR arengando
a fieles de dicha iglesia a retener y ocultar menores —supuestamente con fines
loables— mientras sataniza a las autoridades federales. Ver video La popularidad del video en
redes sociales resultó bochornosa para el noticiero de Aristegui y otros medios
capitalinos que desconocían los sospechosos antecedentes del expastor. Su
desprestigio fue inmediato y los medios enseguida tomaron distancia. Si de enero a marzo de 2009 Eduardo Escamilla fue
entrevistado ocho veces, para septiembre de ese año había sido entrevistado una
sola ocasión.
El testigo incómodo
A pesar de que la Procuraduría General de la
República ha formulado acusaciones de delincuencia organizada contra la Iglesia
Cristiana Restaurada, las cientos de fojas del expediente No. 138/2009-III del Juzgado
1º Penal Federal de Nayarit con la causa contra el albergue Casitas del Sur, no
contienen pruebas documentales ni testimoniales que indiquen que dicha iglesia,
motejada “los perfectos” por sus detractores, adoctrine a sus feligreses para cometer conductas ilegales
como la retención o sustracción de menores; lo mismo se desprende de una
revisión de sus estatutos y credo registrados ante la Secretaria de Gobernación
el 16 de mayo del año 2000. El único
indicio es el solitario dicho del
testigo protegido Eduardo Escamilla. El primer problema es que es precisamente
él mismo quien aparece en el video referido anteriormente incitando a realizar
el ilícito del cual inculpa ante la PGR a su iglesia, iglesia que lo expulsó por
un cuantioso fraude a inicios de 2007.
El segundo problema es —de acuerdo a una
denuncia ante la CNDH— la negativa de la PGR a recibir el revelador video como
prueba de la defensa de varios acusados en el caso Casitas del Sur, aun cuando
Escamilla Morales ha reconocido públicamente que la imagen y la voz en el video
son de él y que, en efecto, se trata de una
predicación suya. El tercer problema es el más obvio: las motivaciones del
principal testigo en que el gobierno federal ha basado su investigación de Casitas
del Sur y la ICR son de entrada
sospechosas. Dado que Escamilla fue expulsado de dicha institución sería normal
que tenga algo personal en su contra.
El tercer
problema son los antecedentes delictivos del testigo protegido. En una
grabación de 2004, se escucha a Escamilla Morales encubriendo a un violador
culpable de estupro, confesando que habló
con él y que le ayudó a eludir la acción de la justicia al ayudarlo a huir del
Estado de Quintana Roo para evitar que lo atrapara la policía. Ver video En otro video en YouTube, se escucha de
nuevo al pastor protegido de la PGR confesando que en 2010 ayudó a un hombre identificado como Miguel, del
cual dice que es culpable de asalto y violación sexual agravada. Por si eso fuera poco, la peculiar actividad
pastoral del Sr. Escamilla incluyó haberle apoyado económicamente y proporcionarle santuario para que no se
ejecutara una orden de aprensión en su contra. Ver video.
El carácter del principal testigo protegido de la PGR
en el caso Casitas del Sur muestra una
constante en transgredir la ley y en la ausencia de escrúpulos morales. Su
perfil es, de hecho, delictivo y contrario a la calidad que dice sustentar como
ministro religioso. En un caso,
Escamilla Morales encubre a un violador. En el otro, facilita la escapatoria de
un asaltante que también es violador. La pregunta lógica es por qué ¿Por qué, como muestran los videos, alardear
de hechos que la sociedad encuentra repugnantes por ser crímenes alevosos
contra mujeres y contra menores? ¿Por
qué no mejor ayudar a las víctimas de ellos ya que contaba con los recursos
para hacerlo? La única explicación
sensata del contubernio es que tenían amistad o negocios entre ellos.
¿Otro michoacanazo?
Con un enorme costo al erario público y a más
de tres años de ocurrida, la desaparición
de 11 menores del caso Casitas del Sur no ha podido ser resuelta por las
autoridades federales del gobierno panista. Los menores siguen sin ser
localizados, no se han logrado sentencias condenatorias contra ninguno de los
presuntos responsables, y lo que es peor por bochornoso, varias personas que en
los últimos tres años han sido capturadas y exhibidas como culpables ante los
medios con bombo y platillo han resultado exoneradas por los juzgados federales.
De hecho, ni uno solo de los tan
presumidos casos llegó siquiera a juicio.
Los fracasados procesos penales tienen todos algo en común: estaban
basados exclusivamente en el dicho del testigo de la PGR Eduardo Escamilla
Morales. De acuerdo al Diario Reforma, el caso
contra Casitas del Sur se desmorona en semejanza al célebre michoacanazo. Esto ha hecho que en
círculos políticos y judiciales surjan cuestionamientos sobre si en los
arrestos y detenciones contra Casitas del Sur y la Iglesia Restaurada también
se fabricaron delitos con un fin político.
En un correo electrónico fechado el 20 de
octubre de 2009 y dirigido al ministerio público federal adscrito a la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Eduardo Manuel
Escamilla Morales proporcionaba información detallada para que fuera detenido Ignacio
Juárez, un campesino de 56 años, subordinado del mismo Escamilla hasta hacía
poco tiempo. El correo incluía fotografías
y datos personales sobre Ignacio Juárez, con el cual, de acuerdo al expediente,
Escamilla Morales llevaba una relación pastoral de 12 años. El carteo electrónico entre la PGR y el
testigo protegido tiene contenidos peculiares. En el correo citado, Eduardo Escamilla
solicita a la PGR favores para recuperar unos terrenos que —coincidentemente—
tenía en disputa con el campesino al que ahora inculpaba. Ignacio Juárez fue detenido poco después del correo
y enviado a prisión federal quedando convenientemente imposibilitado para
defender sus terrenos. Leyendo el
expediente 567/2009-X, foja 194 del tomo SN, queda la impresión de que el
supuesto delito federal del campesino fue haber hospedado en su casa y ayudado
a encontrar trabajo en 2006 a un mozalbete de 16 años que le solicitó ayuda
porque no tenía donde vivir. Ver email.
Fraude de terrenos
ejidales
El video concuerda con documentos notariados que
muestran que Eduardo Escamilla obtuvo en aquellas fechas una suerte de cesión
de derechos de vastos predios ejidales de la Familia Juárez, comprobándose con
esto la relación comercial entre ambas partes. Ver documentos notariales
El hecho de que los terrenos fueron inmediatamente puestos a nombre de la esposa y del suegro de Escamilla Morales y el que los documentos notariales no reportan monto alguno de la transacción, abona a la explicación del fraude, que es la versión que sostiene hasta la fecha la familia Juárez y que es conocida entre los ejidatarios de Azoyatla del Campo, Hidalgo.
El hecho de que los terrenos fueron inmediatamente puestos a nombre de la esposa y del suegro de Escamilla Morales y el que los documentos notariales no reportan monto alguno de la transacción, abona a la explicación del fraude, que es la versión que sostiene hasta la fecha la familia Juárez y que es conocida entre los ejidatarios de Azoyatla del Campo, Hidalgo.
El presunto fraude inmobiliario de Escamilla, tema
que eventualmente originaría su expulsión de su iglesia, es también de dominio
público entre la membresía de la Iglesia Cristiana Restaurada desde 2007, el
año anterior al escándalo del caso Casitas del Sur.
El H1 y la fundadora
de Casitas
Elvira Casco Majalca, fundadora y directora del
albergue temporal Casitas del Sur, se encuentra presa desde hace tres años en
el penal Valle de
Santiaguillo, Guanajuato por su presunta responsabilidad en la retención
de 11 menores de dicho centro privado de asistencia. Según el expediente AP/PGR/SIEDO/UEITMIO/12/2009, la fisiatra retirada pasó de ser una
consentida del Gobierno del Distrito Federal y prolífica testigo colaborador
del Caso Casitas —amplió y cambió su declaración más de dieciocho ocasiones— a
indiciada por los delitos que durante 10 meses imputó indistintamente a su mesa
directiva, a sus abogados, o a miembros y dirigentes de su iglesia.
De acuerdo al expediente de Casco Majalca radicado
en el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del
Estado de Nayarit, el dramático vuelco de testigo colaboradora a
presa federal se origina a raíz de una extraña
conversación telefónica que Elvira Casco sostuvo el día 26 de abril de 2009 con
su abogado Luis Aguilera
Beguerise. En la misma,
intervenida y grabada por la PGR y la cual fue utilizada por la dependencia como
prueba en su contra, Casco Majalca afirma “haber prestado” a un menor de edad
que fue puesto bajo custodia de Casitas del Sur por la Procuraduría de Justicia
capitalina. Elvira Casco, amiga y discípula
del expastor Escamilla, nunca revela en la llamada a quien se lo prestó ni
desde cuando. La conversación, consignada en la foja 134 del
Tomo II del expediente, transcurre de esta manera:
Nombre del Objetivo: Elvira Casco Majalca
Fecha de grabación: 4/26/2009
Dirección: Entrada
“Transcripción”
ECM: Elvira Casco Majalca
L: Luis Aguilera Berguerisse (sic), abogado de Elvira
ECM: Bueno
L: Hola señora,
ECM: Hola Luis,
L: Fíjese que me acaba de hablar la Subprocuradora,
ECM: Sí.
L: Este… que necesita que comparezcamos porque hay otro menor extraviado
que es también la mamá, eh este menor fue canalizado por la Procuraduría en
2007, lo recibió Araceli.
ECM: Ajá.
L: Se llama Jesús Alejandro Espinoza Sánchez.
ECM: Es el que yo presté Luis,
L: Ok, ok, no se preocupe, este… luego lo platicamos más a fondo.
ECM: Mhm
L: ¿Sí?
ECM: Mhm, mhm, mhm
L: Yo voy a ver con Roberto cómo está manejando ((inaudible))
ECM: Ok, mhm, ok.
L; Ok, ok, y se acuerda que en este… quien lo tiene y todo ¿no?
ECM: Ajá.
L: Ok, déjeme ver como lo planeamos con Roberto.
ECM: Mhm.
L: Quedé con ella de ir mañana, pero ((inaudible))
ECM:
Ok.
L:
¿Ok?
ECM:
Sí Luis, mhm
L:
Entonces le voy a pedir que, bueno están pasando cosas, apárteme el día de
mañana y el jueves por favor.
ECM:
Sí, cómo no Luis.
L:
¿No? Porque todavía no sé cómo me voy a organizar con ((inaudible)) y
necesitamos este… ((inaudible)) como disponible,
ECM:
Sí, está bien Luis, no te preocupes
L:
¿Sí?
ECM:
Sí, claro que sí.
L:
Gracias
ECM:
Ándele, bye.
Anteriormente a esta críptica confesión, Elvira
Casco había dicho todo lo contrario ante los medios de comunicación y en sus
declaraciones ante el ministerio público. La directora y fundadora de Casitas del Sur había negado categóricamente
en todas sus declaraciones ministeriales cualquier responsabilidad en los
ilícitos imputados por las autoridades a su asociación civil, siempre señalando
a otros miembros de la iglesia restaurada —en ocasiones con notorio encono
personal— como los responsables de sustracción.
De acuerdo con la fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de
Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, la actitud de encono y las declaraciones
cambiantes de Elvira Casco despertaron sospechas, motivando la solicitud de una
orden de intervención telefónica a su domicilio particular. El Juez Sexto
Federal Especializado la concedió el 8 de abril de 2009.
El problema de las versiones de Elvira Casco Majalca
se complicó con una entrevista en televisión que la fundadora de Casitas del
Sur dio al noticiero de Adela Micha el 3 de marzo de 2009. En la misma, Casco Majalca afirmaba no haber asistido en más de
un año a su iglesia, de la cual presuntamente Casitas del Sur reclutaba
voluntarios para participar en las labores de su albergue. En sus
declaraciones, sin embargo, hablaba en tiempo presente. Elvira Casco también aseveró ante las cámaras que
al momento de la desaparición de los 11 menores del albergue de Casitas del
Sur, ella ya no se encontraba en funciones como titular de su asociación civil.
En el acta constitutiva de Reintegración Social, A.C., aparece en esas fechas como
la directora del albergue y las llamadas telefónicas intervenidas por la PGR corroboran
que lo era. El expediente 138/2009-III consigna
la mendacidad de Elvira Casco al mostrar que falseó sus declaraciones
ministeriales para inculpar a sus empleados y subalternos. La llamada intervenida
comprobó que era la responsable de funciones ejecutivas, como “prestar” a menores
de edad que están desaparecidos hasta hoy.
Una de las preguntas que queda en el aire al
revisar las más de diez mil fojas del expediente judicial de la PGR es en qué
otras cosas ha mentido Casco Majalca en sus declaraciones ante la PGR. La respuesta puede estar en otras llamadas
telefónicas intervenidas por la SIEDO. El
expediente registra que entre los días 26 y 29 de abril de 2009 la fundadora de
Casitas del Sur recibió tres llamadas telefónicas anónimas de una persona de género
masculino a la que la PGR asigna la clave “H1”. Al leer las trascripciones oficiales es
notorio que la persona de la voz masculina es cuidadosa en no decir jamás su
nombre, como si supiese de antemano que las conversaciones estaban siendo
grabadas. También es notorio que las llamadas siempre entran al teléfono de la
casa de Casco Majalca y nunca al revés. El iniciador es siempre el anónimo H1
quien le da trato de subalterna a Elvira Casco.
En sus llamadas telefónicas, el H1 proporciona
detalladas instrucciones a Elvira Casco para inculpar a diversas personas de la
iglesia de la cual Escamilla Morales había sido expulsado poco más de un año
antes. Las instrucciones abarcan cosas específicas para decir ante los medios y
cómo involucrar a distintas personas al ampliar su declaración ante el
ministerio público federal. Las respuestas de Casco Majalca a las llamadas de H1
son cortas, automáticas y sumisas: “Sí hermano”, “así lo haré”
“entendido”.
Demandas civiles y embargos contra Eduardo Escamilla antes del
Caso Casitas
De acuerdo a actas notariadas de la ICR fechadas
el 28 y 29 de marzo de 2007, las acusaciones de fraude inmobiliario contra el
pastor Escamilla por sus ovejas, aunque inicialmente centrada en la estafa a la
familia Juárez, abarcaban también otros rubros. En total, los montos reclamados
por nueve familias denunciantes sumaban casi un millón de pesos. Sin excepción,
las familias estafadas eran sumamente cercanas al pastor. La subsecuente investigación de la ICR, consignada
con detalle en las actas internas, derivó en el eventual despido de Eduardo
Manuel Escamilla Morales, suceso que a juicio de familiares y ex congregantes lo
dejó resentido, desempleado y al frente de una numerosa familia. Una de las actas circunstanciadas consigna que
con el fin de evitar que el asunto trascendiera al ámbito penal y en
consideración a que tenía muchos hijos, Escamilla Morales solicitó a sus varios
acreedores una oportunidad para resarcir los montos defraudados, proporcionando
varios pagarés firmados a los afectados, mismos que fueron adjuntados por los
quejosos al acta firmada de conformidad por el susodicho. Uno de los pagarés fue hecho a favor de Miguel
Fattel, un comerciante del Distrito Federal conocido entre la feligresía por
ser el discípulo preferido del pastor Escamilla. Cuando Eduardo Escamilla incumplió esas
obligaciones financieras en el verano de 2007, algunos de los afectados por el desfalco
promovieron denuncias mercantiles, mientras que otros, preocupados por salvaguardar
la reputación de su iglesia queriendo evitar litigios y un posible pleito público,
optaron por mejor sufrir la pérdida económica. El acta refiere otros eventos de la vida
interna de la comunidad religiosa, como el que una familia se conmiseró de su
precaria situación perdonándole un desfalco de 100 mil pesos aunque exigía su inmediata
remoción del cargo de pastor.
La demanda civil por vía mercantil número
573/08 en contra de Eduardo Manuel Escamilla Morales resultó en dos sentencias
de embargo contra el expastor de la ICR. Emitidas por el juez vigésimo civil
del DF el 4 de junio de 2008, las mismas adjudicaban la devolución de $187,000 pesos
a una de las partes afectadas. Eduardo Escamilla, para ese entonces, se había
sustraído de la acción de la justicia, cambiando de nombre sus pertenencias y trasladándose
a vivir a Caracas, Venezuela, con el argumento de ser víctima de una persecución
por motivos religiosos. La sentencia
condenatoria nunca fue apelada por el expastor quien tampoco cubrió los montos
ordenados por el juez civil.
La chispa que detonó la expulsión de Eduardo
Manuel Escamilla Morales de la Iglesia Cristiana Restaurada había sido una denuncia
ante el Consejo de Administración de su congregación en el Distrito Federal en
febrero de 2007. Presentada por la familia Juárez, la acusación por fraude
inmobiliario, coerción y abuso del cargo pastoral tomó por sorpresa a los
administradores de la iglesia de aproximadamente mil miembros, iglesia en la
cual Escamilla Morales ocupaba una posición de predicador dominical. Los terrenos ejidales del despojo pertenecían
a Ignacio Juárez y a su esposa Clementina Vázquez.
Aquí es en donde las cosas se tornan más
interesantes: Ignacio Juárez es precisamente la persona inculpada por Escamilla
en su email del 20 de octubre de 2009 a la PGR, email en el cual el pastor
convertido a testigo protegido entrega al campesino a la fiscalía federal a
cambio de que le ayuden a solucionar favorablemente su disputa inmobiliaria
contra el susodicho.
Ignacio Juárez no fue el único denunciante que
provocó la expulsión del pastor Escamilla. La segunda fue la del comerciante
Miguel Fattel, uno de sus amigos más cercanos. El 14 de Enero de 2007 Fattel denunció
ante los administradores de su iglesia en la Ciudad de México que 6 meses antes
había sido despojado con engaños de 200 mil pesos por el señor Escamilla. En la
subsecuente auditoría interna, Fattel relató que Escamilla Morales había acudido a su casa a pedirle invertir 2
millones de pesos para hacer un desarrollo de cabañas turísticas. Su pastor le contó que tenía un contrato para
adquirir varias hectáreas con excelente plusvalía en la ciudad de Pachuca,
predios que estaba negociando adquirir de la familia Juárez y otros ejidatarios
locales. Oír audio con denuncia de Miguel Fattel .
El acta notariada de Marzo de 2007 consigna que
Miguel Fattel había declinado hacer la inversión, argumentando que los terrenos
carecían de servicios y que Eduardo Escamilla no tenía experiencia alguna en el
campo de los bienes raíces. El emprendedor pastor no cejaría en su empeño: dos
semanas más tarde, “durante una carne asada” en casa del comerciante, obtuvo de
él 200 mil pesos con la excusa de necesitar urgentemente fondos para obtener
permisos de uso de suelo y comenzar su fraccionamiento. Miguel Fattel ignoraba
en ese momento que su pastor, Eduardo Escamilla, quien se ostentaba sin serlo como
el nuevo dueño de los terrenos en la cita,
no contaba con título de propiedad o al menos contratos de compra-venta. Pocos meses después, cuando el dinero no fue devuelto
a Fattel conforme a lo acordado, una investigación de sus abogados reveló varias
anomalías: los terrenos en donde se realizaría el supuesto desarrollo turístico
carecían de título de propiedad pues se trataba de predios ejidales no
lotificados ni asignados; no existían estudios de subsuelo, no se habían
tramitado permisos de construcción ni habían estudios de mercado. Más aun, era
imposible saber si los predios eran desarrollables o aun a quien pertenecían
dado que eran ejidales. El fraccionamiento no existía.
Fraudes y Fraccionamientos
fantasma
Una vez obtenido el dinero de Miguel Fattel, un
comerciante respetado entre los feligreses, el pastor Escamilla comenzó a vender
lotes entre otros miembros de su iglesia usando como argumento que el “hermano
Miguel ya había comprado varios”, lo cual era ostensiblemente falso. Durante los últimos meses de 2006 el pastor
había comenzado un proceso de lotificación ficticia de predios que no poseía, ofertando
terrenos de diferentes medidas a 100 pesos el metro cuadrado. De las 7 quejas por fraude inmobiliario
consignadas en el acta de expulsión de Eduardo Manuel Escamilla Morales del 29
de Marzo de 2007 se desprende que el pastor citaba discretamente a feligreses
en su domicilio particular y una vez cerrado el trato les pedía que le
depositaran el monto total de la compra-venta a su cuenta personal o a favor de
su tarjeta de crédito. Nunca proporcionaba recibos ni documentos. A su vez, el pastor solicitaba a sus clientes
—la gran mayoría mujeres con algunos medios económicos pero en situaciones de
vulnerabilidad—, confidencialidad sobre la transacción “para no prestarse a
malas interpretaciones con los otros líderes de la iglesia.” Sin que sus víctimas lo supieran, Escamilla Morales había solicitado a Ignacio Juárez
certificados parcelarios como garantía de un automóvil viejo que le había
vendido a plazos al ejidatario. Estos
certificados empeñados eran después mostrados por Escamilla a compradores
potenciales como prueba de que era el legítimo dueño de los predios en donde supuestamente
se llevaría a cabo el fraccionamiento.
En una entrevista colocada en YouTube el 14 de enero
de 2010 —tres años después de su expulsión—, el ex pastor Escamilla reconocería,
en efecto, adeudarle al empresario Miguel Fattel “una fuerte suma de dinero”. De acuerdo a numerosos
exintegrantes de la Iglesia Cristiana Restaurada, dicho adeudo siempre había
sido negado por Escamilla aludiendo que se traba de una invención de la ICR
para desacreditarlo luego de su expulsión. En la entrevista referida, el ex pastor alega de
forma poco convincente que en realidad se trató de un préstamo que no ha tenido
oportunidad de cubrir por vivir en Venezuela. Al
margen de las posibilidades que ofrecen los giros bancarios, de acuerdo con
familiares de Fattel, su expastor nunca contactó al empresario ni a su familia
para resarcir el monto. “Ni siquiera nos
llamó para darnos las gracias por la casa que le prestamos muchos años para
vivir con su esposa y con sus hijos”. La casa habitación referida está en un
fraccionamiento privado en el sur del Distrito Federal.
Hoy Miguel Fattel, uno de los primeros
afectados que denunció repetidamente la estafa inmobiliaria es buscado por la
PGR como presunto responsable del caso Casitas del Sur. ¿Su acusador único ante la PGR? El testigo protegido Eduardo Escamilla, su
expastor y deudor.
Con Fattel como presunto defraudado, y con
Ignacio Juárez como presunto despojado de sus tierras por su expastor, resulta una coincidencia sospechosa que dos prominentes
acreedores de Escamilla Morales sean perseguidos por la PGR debido al dicho de
éste. Acreedores que, aparte de lo anterior, provocaron que el 29 de Marzo 2007
el testigo estrella del gobierno federal perdiese el trabajo de pastor. Mas
allá del lógico interés económico —los presos y los prófugos no suelen ser
cobradores eficaces— el testigo protegido de la PGR tiene motivaciones de sobra
también para el desquite personal contra Fattel, Ignacio Juárez y la presente
administración de la Iglesia Restaurada. ¿Hay evidencias que corroboren esto?
Exoneración de Alonso Emmanuel Cuevas
Después de la detención de Cuevas el 23 de
junio de 2009, los medios de comunicación se limitaron a repetir la versión
oficial de la PGR (Ver boletín de la PGR) destacando “la captura del
líder de la iglesia Cristiana Restaurada” sin reparar en que Cuevas no era ministro. Se trataba, en sí, de un laico que en su
tiempo libre ocupaba una posición administrativa no remunerativa en su iglesia.
De acuerdo con el expediente, era también uno
de los administradores que votaron por no demandar penalmente a Escamilla
Morales para evitar afectar la imagen de su iglesia. Alonso Cuevas había optado por enfocarse en remover
de su cargo al ahora expastor. En ese proceso, Cuevas Castañeda descubrió y
documentó otras anomalías económicas, incluyendo un vehículo de la iglesia
restaurada que Escamilla había cambiado subrepticiamente a nombre de su esposa,
Blanca Angélica Galindo Mendoza, sin autorización de la congregación. También
halló que existían quejas recientes de una iglesia de Tehuacán, Puebla, con
cuyo líder Eduardo Escamilla Morales había instalado una maquiladora bajo el
nombre Blanch and Vick Fashions que se
negaba a pagar prestaciones de ley a sus empleadas, mujeres de zonas marginadas.
El negocio de la maquiladora, como
descubriría Alonso Cuevas en los primeros meses de 2007, estaba a nombre de
Blanca Galindo. Su esposo Eduardo, extrañamente, no aparecía en ningún
documento.
El 27 de junio de 2009 Alonso Cuevas Castañeda, el administrador que
fue pieza clave para la expulsión de Eduardo Manuel Escamilla Morales fue formalmente
arraigado y 80 días después indiciado por delincuencia organizada y trata de
personas. Con base exclusivamente en la declaración de
quien fuera su pastor por 7 años, Cuevas pasó 14 meses preso en el CEFERESO 4 Noroeste en Nayarit. La declaración de Escamilla no
contiene mención alguna de que Cuevas era su acreedor. La PGR, en cambio, sí lo
sabía pues tenía las actas notariadas de la expulsión de Escamilla Morales,
confiscadas durante un cateo a las instalaciones de la ICR. La procuraduría omitió
mencionar el flagrante conflicto de interés de su testigo estelar.
La fabricación de los cargos contra Cuevas
Castañeda rindió dividendos políticos efímeros. Éste sería exonerado y puesto
en libertad el 31 de octubre de 2010. De acuerdo con la causa penal 138/2009-III,
un tribunal Unitario Federal lo declaró inocente de todos los delitos que le
imputó la PGR.
El encono personal del pastor Escamilla contra su
ex-subordinado Alonso Cuevas es patente en todo el proceso penal y en
particular en acusaciones que formuló contra familiares cercanos de este. En una declaración jurada ante la PGR con
fecha 18 de noviembre de 2010, Escamilla Morales intenta enviar a prisión a la
esposa de Cuevas, quien además de tener a su esposo en un penal federal sin ser
culpable, en aquellas fechas tenía un bebé de brazos. Esta es parte de la
declaración de Eduardo Escamilla al respecto:
MARIELA MORENO GARZA…es esposa de ALONSO EMMANUEL CUEVAS CASTAÑEDA, esa
misma persona de la que ya remití información vía correo electrónico y supe que
asistió en este mes al sepelio de un joven de nombre “ARTURO” del que no se
(sic) sus apellidos pero es hijo de ROSY SALINAS, ambos eran de la Iglesia
Cristiana en Mixcoac, no se (sic) la dirección exacta de la casa donde fue el
sepelio, pero fue en el Distrito Federal…”
Alonso Emmanuel Cuevas ha resultado ser el
tercer acreedor de Eduardo Escamilla perseguido diligentemente por la PGR. Como se ha visto, era más que su acreedor. Al
igual que Ignacio Juárez y Miguel Fattel, Cuevas fue pieza clave para que
Escamilla perdiera su trabajo como pastor en Marzo de 2007.
El caso Escamilla ejemplifica, entre otras
cosas, como en México se abusa cotidianamente de la figura de testigo protegido
para vendettas personales y obtener impunidad.
Su uso no regulado provoca descrédito a las instituciones de impartición
de justicia, las cuales en vez de investigar y verificar información, dependen
del frágil dicho de individuos con antecedentes delictivos que a menudo tienen
graves conflictos de interés.
Perfil criminalístico
Esta parte del expediente abre nuevos
cuestionamientos sobre las versiones sobre el conflicto de Casitas del Sur difundidas
hasta ahora. Las fojas número 110 a 118
del tomo I del expediente penal, destacan, inequívocas, la legalidad de las
actividades de Reintegración Social y el albergue Casitas del Sur por lo menos
hasta noviembre de 2008. Aunado a eso,
acciones como la promoción de amparos y quejas administrativas por vías institucionales
no corresponden con el perfil mediático que a inicios de 2009 se comienza a
construir sobre Casitas del Sur como banda criminal. Hay otros datos al respecto: la asociación
civil está legalmente constituida y operaba un albergue infantil con todos los permisos
de la autoridad de la capital del país. En noviembre de 2008, cuando irrumpe el
escándalo en los medios, las custodias de los
menores estaban delegadas por las autoridades o por jueces de lo familiar. El albergue, asimismo, era subsidiado parcialmente
por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.
Las autoridades de la Procuraduría General de
Justicia de la capital, por su parte, sabían que la mayoría del voluntariado y
la mesa directiva del albergue eran de una religión distinta a la católica. El
acta constitutiva de la asociación civil no deja dudas al respecto dado que
estipula la orientación cristiana del proyecto. Ver acta constitutiva notariada. De nuevo, el perfil del
albergue Casitas del Sur y de Reintegración Social no concuerda con el de una
operación ilícita o engañosa.
A fines de 2008, al inicio del caso Casitas del
Sur que meses después englobaría a la ICR, no existían versiones mediáticas de
menores secuestrados ni traficados, mucho menos abusados o sacrificados para
comerciar con sus órganos como después algunos diarios, alentados por el
gobierno capitalino, comenzarían a circular para tratar de desacreditar al
albergue con el cual ya estaba abiertamente confrontado en los medios de comunicación.
El expediente penal 138/2009-III muestra a una
asociación civil legalmente establecida con custodias legales y reconocida por
su labor profesional por la Procuraduría de Justicia del DF, una organización
lo suficientemente acreditada como para que el gobierno de la Ciudad de México
le otorgase la custodia temporal de ciento ochenta y seis menores en un lapso
de 6 años. Como para otorgarle subsidios anuales por miles de pesos. Ver subsidio. El
expediente federal presenta a la asociación inconformándose por vías institucionales
legales contra un requerimiento administrativo de reintegrar a algunos menores
a hogares en que fueron previamente sujetos a abusos, a abusos graves por los
cuales fueron canalizados al albergue Casitas del Sur por parte de la Procuraduría
de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México.
En ese contexto de litigio sobre custodias y de
conflicto legal entre Casitas del Sur y el Gobierno del Distrito Federal —específicamente
por demandas de amparo promovidas por su directora Elvira Casco— es que, de
acuerdo a las llamadas intervenidas por la PGR, la directora del albergue comienza
a recibir instrucciones telefónicas en su domicilio de parte de “el H1”. Por ejemplo, la página 135 del Tomo II
consigna que el 29 de abril de 2009 una voz masculina le ordena contactarse a
Internet para conversar por ese medio en vez de por el teléfono para evitar ser
intervenidos. En otra llamada, H1 instruye a Casco Majalca a inculpar a
diversas personas de la iglesia de donde meses antes Escamilla había sido
expulsado. Personas como el diácono Carlos
Loredo—otro de los administradores—a quien Elvira Casco señaló insistentemente en
entrevistas televisivas como su pastor y la persona de quien recibía órdenes detalladas
de cómo dirigir Casitas del Sur.
El caso Loredo
Al respecto, una columna del diario El Universal
da cuenta de estechusco método de propaganda gubernamental.
Siempre que se detiene a un supuesto integrante
de una banda criminal, por más bajo o insignificante que sea su rango —si acaso
lo tiene—, se le exhibe en los medios y el boletín de prensa dice que era “el líder” de la banda x o “el autor intelectual” del tema mediático
de la semana. Así es como la PGR crea la apariencia de obtener resultados aunque
los hechos digan lo contrario.
Como el caso del Dr. César Mascareñas de los Santos, fue detenido en la causa penal 47/2010-II del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, estando falsamente acusado de Delincuencia Organizada y Tráfico de Menores en su modalidad atenuada. Después de un circo mediático que lo presentaba como un peligroso criminal, fue absuelto por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito con sede en Matamoros Tamaulipas en la toca penal 260/2010 el 15 de diciembre de 2010. No había ni siquiera elementos para haberlo procesado. Ver resolución
Como el caso del Dr. César Mascareñas de los Santos, fue detenido en la causa penal 47/2010-II del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, estando falsamente acusado de Delincuencia Organizada y Tráfico de Menores en su modalidad atenuada. Después de un circo mediático que lo presentaba como un peligroso criminal, fue absuelto por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito con sede en Matamoros Tamaulipas en la toca penal 260/2010 el 15 de diciembre de 2010. No había ni siquiera elementos para haberlo procesado. Ver resolución
Volviendo al caso Casitas del Sur y a la ICR, Alonso
Emanuel Cuevas, hoy exonerado, al ser
detenido se le exhibió ante los medios
como el pastor. Todo México descansó
con la noticia. César Mascareñas de los
Santos fue extraditado de los Estados Unidos y procesado por delincuencia
organizada. Exonerado el 15 de diciembre de 2010, se publicitó en televisión durante su detención que era “el pastor” de la ICR. Ignacio Juárez, el campesino defraudado por
Eduardo Escamilla, resultó también ser el
pastor. A Roberto González, septuagenario exonerado en mayo de 2011 le tocó
también ser el pastor de la ICR. Aun de Ederly, el elusivo magnate, se dijo insistentemente
que era el pastor. Él lo negó en una entrevista,
la ICR lo negó en un desplegado (Ver desplegado) pero como quiera siguió
siendo el pastor, para fines
publicitarios, unos meses más. Ahora El
Kelu es el pastor. Por lo menos en
este caso sí es verídico que se trata de un pastor según el acta constitutiva
de la ICR, aunque a estas alturas y por lo que dice el expediente federal, es
dudoso que tenga responsabilidad por acciones presuntas de un rebaño de más mil
personas.
En el caso de Carlos Loredo, a pesar de la
elevada recompensa por su captura, el expediente indica que se trata de un
simple diácono. Un diácono que, de acuerdo con los documentos de la PGR, jugó
un papel primordial en la expulsión del pastor Eduardo Escamilla Morales de la
Iglesia Cristiana Restaurada por los fraudes de 2007.
No obstante las acusaciones en su contra,el pasado 17 de junio de 2013 en el expediente 397/2011 consigna que los 2 jueces federales a cargo del proceso contra Carlos Loredo, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit y el Juez Cuarto del ramo Penal del Distrito judicial de Pachuca, Hidalgo, dictaminaron la negativa de las órdenes de aprehensión contra Loredo, confirmando la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del 24 Circuito que fueran apeladas por la PGR en septiembre de 2012. La ejecución de la sentencias de amparo, considerada firme, absuelve y declara inocente a Carlos Loredo García de todos los delitos federales imputados por la PGR desde 2009.
Declaraciones dictadas
a Elvira Casco
¿Será factible que Caballero Negro y el H1 de
las llamadas intervenidas por la PGR en el domicilio de Casco Majalca, fueran
en realidad Eduardo Escamilla Morales? ¿Instruyó él a su cercana discípula para
inculpar a Loredo y Cuevas como venganza por haber sido expulsado por éste de
su iglesia en 2007? Viendo el proceder del testigo protegido de la
PGR contra Cuevas, Juárez, González y Fattel, es más que plausible.
Se colapsa el caso
Casitas del Sur
Con seis acusados hoy absueltos por jueces
federales y un creciente cúmulo de información sobre el carácter y motivos del
principal testigo de la PGR en el caso Casitas del Sur, la pregunta medular
sigue siendo el paradero y el destino de 11 menores desde Marzo de 2009. Versiones periodísticas han indicado que en algún
momento después de que el albergue los recibió en custodia, los menores habrían
sido dados en adopción por la asociación de Casco Majalca a matrimonios sin
hijos de la ICR. Al
margen de las responsabilidades penales que obviamente derivan de una acción
ilegal así, esto echaría por tierra las versiones sensacionalistas de venta,
secuestro o trafico de órganos, versiones que tomaron auge sobre todo al inicio
del escándalo en los medios de corte amarillista pero que eventualmente se
extinguieron. Simultáneamente, esto explicaría
en cierta forma la particular animadversión que la PGR refleja en los
expedientes judiciales contra la Iglesia Cristiana Restaurada en su totalidad
al sospechar que la iglesia apoya a dichos padres de familia. La
versión de las adopciones al interior
del grupo religioso explicaría también la poca urgencia del gobierno federal y
del Distrito Federal en hallar a los menores, los cuales no han merecido ni una
Alerta Ámbar. Tal vez asuman que los menores están bien y que no corren
peligro. Fuentes de la misma PGR y de la Secretaría de Gobernación han ido mas allá
al aseverar que el gobierno federal de hecho sabe en donde están los menores.
Más allá de la presión política que un caso
escandaloso genera, y de la costumbre gubernamental de simular ante los medios
que resuelve casos sonados, una conclusión segura es que la PGR y su
cuestionable programa de testigos protegidos le han fallado otra vez a México
en Casitas del Sur. Que siguen los
vicios de siempre, los de fabricar delitos y exhibir ante los medios presuntos
culpables que resultan no serlo. Que lo importante es poner a declarar a quien
sea, no importando su veracidad o si tiene claros motivos para mentir o
inventar información. Que por pragmatismo político se vale fabricar culpables
al vapor y a posteriori crearles evidencias.
Que no es sorprendente que los casos judiciales construidos sobre
mentiras, se desmoronen. Que en nuestro sistema de justicia se vale hacer
favores, como meter presos a acreedores con tal de obtener declaraciones a modo
de personas con escasos escrúpulos. Y
que cuando los presuntos culpables resultan exonerados, el costo de la larga farsa
es pagado por el erario público. Que la autoridad permite que testigos utilicen
de forma oportunista asuntos de interés público, no para coadyuvar con la
justicia sino para vulgares desquites y evadir la ley ellos mismos.
Lo que no debería esperarse es que las autoridades
federales, en vez de hacer su trabajo de investigar y resolver casos como
Casitas del Sur, cometa delitos por hacer favores a los delincuentes que
utiliza para redactar acusaciones a modo, acusaciones que a fin de cuentas
siempre terminan colapsándose cuando los jueces federales no hallan evidencia
mínima para justificar una sentencia y terminan liberando a quienes, luego de
ser arrestados con fanfarria, resultan absueltos.
